Posición de la Cámara de Comercio de Costa Rica sobre el “Proyecto de Ley de Extinción de Dominio”, expediente legislativo número 19.571

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La Cámara de Comercio de Costa Rica apoya cualquier esfuerzo que se quiera emprender en pro de la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, contrabando, entre otros; siempre y cuando éste no atente contra los derechos fundamentales de las personas.

El proyecto de ley que se encuentra en la corriente legislativa, pretende despojar del derecho a la propiedad a todo aquel que ilícitamente haya adquirido un patrimonio. No obstante, la manera en que se encuentra planteado el proyecto genera un gran riesgo e incertidumbre jurídica para quienes de manera lícita han tenido un aumento de cualquier tipo en su patrimonio, ya que eventualmente tendrían que demostrar su buena fe y su inocencia, preceptos contrarios a los principios que inspiran nuestro sistema de derecho.

El proyecto no plantea umbrales para determinar qué se considera un aumento del patrimonio objeto de un proceso de este tipo, en el que además se pretende separar el patrimonio de la persona o sujeto, para perseguir bienes indistintamente de quiénes sean sus propietarios o poseedores; siendo que el patrimonio no puede ser parte procesal en nuestro sistema de derecho, pues se trata de bienes jurídicamente reconocidos en relación con la persona (propietario). Si el objetivo principal es “desmantelar” las organizaciones criminales, entonces no puede concebirse el patrimonio sin relacionarlo directamente con los sujetos que componen dichas organizaciones, y para esto es necesario plantear primeramente el proceso penal respectivo.

El sector comercio muestra preocupación por la vulnerabilidad generada al derecho de la propiedad privada, las garantías del debido proceso y el juzgamiento a “priori”, sin que exista una sentencia en firme que relacione el patrimonio con actividades ilícitas.
El enfoque de este proyecto podría afectar la libre circulación de bienes, ya que somete a las personas a diligencias rigurosas de forma previa a la adquisición, para verificar el origen de los mismos. Se crea una inseguridad permanente en el tiempo respecto al derecho de propiedad privada.
Debemos evitar llegar al extremo de que se susciten persecuciones ideológicas amparadas con argumentos que esta ley posibilita y que personas de buena fe pierdan el derecho a la propiedad.

Yolanda Fernández Ochoa
Presidenta
Cámara de Comercio de Costa Rica

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