Defender los derechos de los productores, comerciantes y consumidores fue el objetivo principal de la acción de inconstitucionalidad acogida por la Sala Constitucional de la ley No. 9098, mediante el cual reforma el inciso b) del artículo 34 de la Ley No. 7472, que es Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

La Cámara de Comercio, en conjunto con la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, Consumidores de Costa Rica y la Asociación de Consumidores Libres fueron la institución que impugnaron la Ley, pues exigía requisitos de imposible cumplimiento para un sector de la producción nacional, restringiendo la libertad comercial y de competencia, perjudicando en última instancia al consumidor, por el traslado de los costos al precio final y la posible reducción de productores y competidores en el mercado.

“En este artículo se obligaba a los comerciantes de productos a granel, como carnes, verduras, frutas y legumbres, a colocar información de la fecha de cosecha o procesamiento. Además, a la hora de la venta tenían que ser separados de acuerdo con este criterio. La normativa venía a poner nuevas y difíciles obligaciones que afectaban tanto a los establecimientos mercantiles que venden los bienes como a los mismos productores agropecuarios”, explicó Yolanda Fernández, Presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

En criterio de la Sala Constitucional, la legislación tal cual está aprobada podría juzgarse como limitativa al Derecho constitucional y, efectivamente, crearía una barrera al comercio por el fuero de atracción que ejerce sobre la totalidad de los productos, agrícolas y pecuarios, imaginables e inimaginables, nacionales e importados, aunque busque promover que la información de esos bienes sea inocua, auténtica y veraz.

“Como consumidores estamos muy satisfechos con el fallo de la Sala Constitucional ya que la obligación de indicar el momento de la cosecha del producto agropecuario se prestaba a engaños ya que es imposible determinar esa fecha por parte de las autoridades del Estado, por lo que se convertía en un engaño al consumidor, así como en un aumento de los costos del productor totalmente injustificado” señaló Erick Ulate Presidente de Consumidores de Costa Rica.

Juan Ricardo Fernández, Presidente de la Asociación de Consumidores Libres se considera satisfecho en el sentido que: “La Sala pudo ver que ésta reforma a la ley del consumidor, es solamente una medida proteccionista vestida de ropajes de protección al consumidor, y que afectaría groseramente el bolsillo de toda la población a cambio de nulos beneficios”.

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